Con apoyo del Gobierno, los dialoguistas buscan un acuerdo con los K en el Senado para aumentar los miembros de la Corte

A casi dos meses del rechazo a los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, el Gobierno envió una señal al Congreso para que el Senado abra el debate sobre una ampliación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia y, en forma paralela, también habilitó el tratamiento para reformar la integración de la Auditoría General de la Nación (AGN), un organismo clave que se encarga de controlar las cuentas del Estado.

Ocho proyectos de ampliación de la Corte fueron incluidos en el temario de la reunión plenaria de las comisiones de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales de este miércoles. Por el kirchnerismo fueron presentadas propuestas elaboradas por Silvia Sapag y Nora del Valle Giménez, mientras que las restantes corresponden a la neuquina Lucila Crexell; la cordobesa Alejandra Vigo; el catamarqueño Flavio Fama; la rionegrina Mónica Silva y el salteño Juan Carlos Romero.

Tal cómo informó este diario, los dialoguistas buscaron desde el momento que ingresaron los pliegos de Lijo y García-Mansilla convencer al Gobierno de la necesidad de buscar un acuerdo con el peronismo para resolver las vacantes en el máximo tribunal, ya que se necesitan de los dos tercios para aprobar la designación de los jueces. Tras caerse los pliegos de los candidatos de Javier Milei se renovó la idea de los senadores con llegada a la Casa Rosada de ir por un pacto político.

Romero comenzó a hacer gestiones para acercar al bloque de José Mayans y destrabar la situación de la Corte que funciona con sólo 3 de los 5 miembros: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. En rigor, Cristina Kirchner había pedido en un comienzo que uno de los lugares sea para una mujer e incluso llegaron a coquetear con la idea de avanzar en una ampliación del máximo tribunal, algo que los K intentaron en 2022 cuando el Senado aprobó una propuesta que elevaba a 15 los integrantes de la Corte, aunque no prosperó en Diputados.

Ahora, tras avanzar las conversaciones con el peronismo, Romero formalizó la presentación del proyecto que eleva a 7 los integrantes del máximo tribunal de los cuales no más de 5 serán del mismo sexo. Pero cuando el acuerdo político parecía encaminado, en los últimos días, el bloque de UxP optó por mantener su posición en reserva. Hay que señalar que José Mayans, jefe de esa bancada, siempre planteó la intención de ir por una negociación que incluya las vacantes no solo de la Corte sino también del resto del Poder Judicial.

Está claro que para que prospere una reforma de la Corte debe contar con un amplío consenso y hasta aquí el PRO y la UCR, los principales socios del Gobierno en el Congreso, no dieron una definición clara sobre el tema. Es cierto que un acuerdo entre el peronismo y el oficialismo es suficiente en ambas cámaras para aprobar una ampliación del máximo tribunal.

El bloque de Convicción Federal, que surgió de la división del peronismo, se reunió este martes para analizar los proyectos y confirmaron su apoyo a la ampliación de la Corte aunque expresaron su intención de ir por una participación más federal. En este sentido, la senadora Carolina Moisés destacó la necesidad de incorporar mujeres al órgano máximo del Poder Judicial.

Además de abrir el debate sobre la Corte, el Senado también arranca con el tratamiento de una reforma de la Auditoría General de la Nación, el organismo encargado de controlar al Estado, que desde hace dos meses quedó en estado de acefalía por la falta de designación de los 6 miembros del Congreso, 3 de Diputados y 3 del Senado.

En la Cámara Alta se analizará tres propuestas, una impulsada por José Mayans, que propone ampliar la cantidad de auditores de 6 a 8. La otra propuesta es de Juan Carlos Romero, que mantiene la integración actual y una tercera que pertenece al peronista Sergio Leavy, que rebaja a 4 miembros, dos por cada cámara. Las tres iniciativas rebajan los mandatos de 8 a 4 años.

En forma paralela, Diputados también analiza una reforma a partir de una proyecto impulsado por Martín Menem, que propone quitarle un auditor al Senado para que esa silla sea para una representante de la Cámara Baja y así resolver la falta de acuerdo político.